14 de Marzo de 2017 | Mendoza

Sobre nuestra denuncia por subsidios eléctricos: reflexiones y pedido al gobernador Cornejo


Junto a la diputada provincial Patricia Galván presentamos la semana pasada en la Fiscalía de Estado un pedido de investigación administrativa por el otorgamiento de un subsidio eléctrico a empresas que a "prima facie" no se ajustan a la normativa nacional que dispone esa "ayuda económica". Efectivamente, hay empresas beneficiadas que no tienen el carácter de "electrointensivas" ni pueden ser consideradas "usuarios productivos críticos" que requiere la resolución del ministerio de la Producción de la Nación como condiciones de elegibilidad. También señalamos que en algunos casos estamos ante posibles casos de conflictos de intereses y situaciones que podrían implicar tráfico de influencias en relación a funcionarios públicos vinculados al gobernador y a ciertas empresas.

De lo actuado hasta el momento surgen algunos elementos que considero importante destacar: 

1. El gobierno provincial no ha respondido públicamente a las notas periodísticas que han dado cuenta de nuestra denuncia y pedido de investigación administrativa. Llama la atención el silencio del gobernador Cornejo y de sus funcionarios. Esto me hace concluir que estamos ante un hecho más de lo que ya se ha convertido en un estilo del macrismo-cornejismo: no dar explicaciones a la sociedad de los hechos que podrían constituir faltas a la transparencia, infracciones administrativas y hasta delitos. Es lamentable que así sea porque se afecta la transparencia en los actos de gobierno que tanto valoramos los mendocinos y mendocinas. 
Si bien el gobernador y sus ministros han evitado hacer declaraciones que puedan clarificar lo que ha ocurrido en este caso, no podrán, en cambio, eludir dar las explicaciones ante el requerimiento de la Fiscalía de Estado. Mientras tanto pesarán sobre el gobernador Cornejo y sus funcionarios las dudas sobre su accionar en este caso. 

2. Con carácter no oficial y apelando a consideraciones personales dos de las personas mencionadas en el pedido de investigación se han referido con descalificaciones a mi persona. Los argumentos de ambas descalificaciones son sorprendentes ya que parten de una equivoca idea de lo que es la democracia y el sistema republicano. La molestia exhibida por funcionarios de que los legisladores soliciten al organismo competente que se investiguen hechos que evidencian un apartamiento de la legalidad resulta absolutamente fuera de lugar. Tales servidores públicos, en lugar de responder con elementos concretos a las situaciones denunciadas intentan descalificar lo que es una consustancial facultad de los legisladores, en especial cuando son parte de la oposición: la de controlar los actos de los otros poderes del Estado y denunciar o solicitar que se investiguen los hechos que pueden implicar -como ocurre en este caso- discrecionalidad, desvió o abuso de poder, conflictos de intereses y tráficos de influencias. 

Dichas personas, en lugar de brindar pruebas concretas que los eximan de responsabilidad, han intentado instalar la pregunta de para que me pagan como legislador. Eso merece una respuesta de mi parte que no voy a eludir: me pagan para cumplir la función legislativa que consiste, además de representar y legislar, en cumplir la función de control. En el caso denunciado se han aplicado recursos del Estado nacional y de nuestra provincia a subsidios que no habrían sido destinados a paliar la situación de quienes la norma contempló como afectados por el tarifazo eléctrico sino que habría ido a parar a otras manos, sospechosamente vinculadas con funcionarios del actual gobierno en ciertos casos que hemos identificado. ¿Tenemos que tolerar los ciudadanos que esos funcionarios pretendan actuar sin ningún control y sin dar explicaciones a nadie de las decisiones que toman? Eso no es propio de los sistemas republicanos ni de la democracia. Conmigo no cuenten para mirar para otro lado en casos como estos. 

3. Que ciertas empresas aparezcan en una nómina de beneficiarias de un subsidio sin que sus dueños o los funcionarios vinculados con sus dueños lo supieran es una rareza. Si el senador Palero no sabía que su empresa Palero Impresores era beneficiaria de un subsidio eléctrico otorgado por un decreto firmado por su correligionario gobernador (cosa difícil de aceptar como posible y más difícil de probar) podría, en tal caso, relativizar tal vez la responsabilidad del senador pero no la del gobernador y de otros funcionarios intervinientes en la decisión de otorgarle un subsidio a la empresa de un senador. ¿Tenemos que callar este tipo de situaciones por el solo hecho que el senador diga "me enteré por Carmona"? Es deseable y necesario que esta situación se clarifique. 

En una nota del senador Palero publicada hoy en MDZ afirma, como único descargo a nuestra denuncia, que la empresa de su familia no cobró el subsidio, y luego alega como prueba de sus dichos que eso no ocurrió porque los fondos nacionales aún no han llegado a la provincia. Se trata de un reconocimiento explícito de nuestras sospechas: el mecanismo del subsidio es su descuento automático en la factura del proveedor EDEMSA, por lo que si los fondos nacionales hubieran estado disponibles el cobro lo habría recibido automáticamente la empresa del senador Palero como otras empresas. Ninguna acción del senador Palero ni de su empresa da cuenta de un rechazo del subsidio como pretende hacernos creer. 

4. El subsecretario de Energía Emilio Guiñazú Fader ha buscado descalificar nuestro pedido de investigación alegando su decisión de asumir generosamente el servicio público, dejando en suspenso su actividad privada en una gran empresa, actitud muy loable pero que no lo exime de cumplir las obligaciones que todo funcionario tiene, en particular las relativas a evitar conflictos de intereses, tan comunes en la actual gestión nacional y provincial de Cambiemos. 

Ha alegado este funcionario que IMPSA, la empresa de la cual ha sido directivo en el carácter de Gerente hasta su llegada a la función pública, anunció que no cobraría el subsidio. De todos modos ICSA, la empresa del Grupo IMPSA aparece en el decreto como beneficiaria. En este caso, como en el anteriormente señalado, pareciera ser que las empresas no sabían que estaban siendo beneficiadas, aunque la resolución del Ministerio de Producción de la Nación establece claramente que las empresas tienen que aceptar por escrito el beneficio. Si esto no se hizo habrá responsabilidad de los funcionarios que no cumplieron esos pasos, quienes tendrán que explicar no solo por qué no solicitaron la aceptación sino, sobre todo, como llegaron esas empresas a ser incluidas en el subsidio sin reunir las condiciones exigidas por la norma nacional. Además, sin entrar en el prejuzgamiento, cabe preguntarse si el rechazo al subsidio por IMPSA fue motivado en el desconocimiento y rechazo de la decisión discrecional del gobierno provincial o en la intención manifiesta de evitar el escándalo que preanunciaban los medios ante el hecho de que esa empresa cobrara un subsidio que evidentemente no le correspondía. 

Sorprendentemente, hasta el día de la presentación de nuestra denuncia, el Ingeniero Guiñazú Fader aparecía aún en la página de IMPSA como miembro del Directorio en el carácter de Gerente. Ese mismo día IMPSA levantó esa página, la que ya no está disponible. Un anuncio "404 Not fund" nos anoticia de que esa información en la página institucional de esta gran empresa no resultaba oportuna. Por suerte, en el expediente obra la correspondiente captura de pantalla que da cuenta que no siempre el paso de la actividad privada a la pública resulta ser virtuoso: intentar borrar pruebas no suele ser demostración de ningún virtuosismo.

5. Pero no solo los casos de presunta responsabilidad de funcionarios públicos están involucrados en nuestra denuncia. ¿Es que los mendocinos y mendocinas nos tendremos que conformar con el silencio del gobernador y sus funcionarios en el escandaloso caso de otorgamiento del subsidio a Isolux, empresa no radicada en Mendoza, que incumplió sus obligaciones en la construcción de la cárcel federal y aún así se incluyó entre los beneficiarios? ¿Vamos a seguir soportando en silencio el otorgamiento de un nuevo beneficio a Aguas Danone, empresa que por décadas eludió el pago de tributos a la provincia? ¿Vamos a continuar mirando como espectadores imparciales como se sigue favoreciendo la concentración en el sector vitivinícola mediante el otorgamiento de beneficios a empresas como Peñaflor a través de su reciente adquisición Diageo? Si es así, ¿cuando llegará el apoyo económico a quienes realmente lo necesitan, los que producen sin ser trasnacionales, sin ser amigos de los funcionarios del gobierno, padeciendo un tarifazo eléctrico sin tener la espalda de las grandes empresas de la economía concentrada para soportarlo?
Si nos quedamos callados somos cómplices. Yo no estoy dispuesto a serlo. Y cada vez somos más los mendocinos que decidimos no mirar para otro lado frente a este tipo de situaciones. 

Gobernador Cornejo, respetuosamente lo exhorto a que explique lo que ha pasado con el subsidio eléctrico. Le aseguro que si la respuesta es satisfactoria este diputado nacional lo reconocerá. Si no aparecen las respuestas nos cabe mantener las enormes dudas y sospechas sobre lo que usted y sus funcionarios han firmado, algo no deseable en una provincia en la que la dirigencia ha declamado, con o sin razón, que Mendoza es modelo de respeto de la institucionalidad.

Guillermo Carmona
Diputado Nacional