12 de Abril de 2017 | Campo Los Andes -Valle de Uco

Dudas e incertidumbre sobre la venta de tierras del ejército en el Valle de Uco - Mendoza


El diputado nacional por Mendoza Guillermo Carmona pidió al gobierno nacional que informe al Congreso sobre la venta de tierras del ejército en Campo Los Andes.

Son más de 7000 hectáreas ubicadas en el Valle de Uco mendocino propiedad del Ejército Nacional, cuya puesta en venta se anunció en el Boletín Oficial el pasado 3 de abril (el Decreto 225/2017) y había sido anticipado por el gobernador Cornejo en el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola durante la última vendimia.
Las tierras, ubicadas en una de las partes más codiciadas del Valle de Uco, La Remonta de Campo Los Andes, estarían destinadas según trascendidos, a inversores de la actividad vitivinícola, hortícola y turística, pero la falta de información acerca de los objetivos y procedimientos para la compra, el posible impacto ambiental y la falta de participación que la comunidad local ha tenido hasta el momento en el proceso, ha despertado serias dudas sobre el proyecto en los pobladores de la zona, 
particularmente en los productores regionales que trabajan hace décadas en esos campos. Se teme que un bien público tan preciado, pueda ser vendido a privados nacionales o extranjeros excluyendo a los pobladores y trabajadores de la zona y perjudicando el interés nativo. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán también ha destacado a la prensa “la incertidumbre” de algunos de sus socios que llevan muchos años produciendo y generando puestos de trabajo en el lugar. Por otra parte, el intendente del departamento de San Carlos, explicó a la prensa que se enteró por medio de publicaciones periodísticas y por el anuncio del gobernador en el desayuno de la Coviar, de que la iniciativa podría extenderse incluso a la zona de Yaucha, una gran extensión territorial ubicada en su departamento, acerca de lo cual no fue consultado por nadie.

Texto completo del pedido de informes:
PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional para que, por medio de Jefatura de Ministros informe a esta H. Cámara de Diputados de la Nación sobre cuestiones relacionadas con venta de tierras en la zona de Campo Los Andes, Departamento de Tunuyán, Provincia de Mendoza, conforme al siguiente detalle: 
- Copia del proyecto diseñado por   UCAR (Unidad para el Cambio Rural) dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación que incluya planos, estudios de factibilidad ambiental y económicos, usos actuales de los terrenos a enajenar, número y   tamaño de las parcelas, condiciones para su otorgamiento y tipo de tecnologías requerida a los  inversores. 
- Descripción detallada de los componentes financieros previstos en el proyecto: precios de ventas de las parcelas por hectárea; el sistema de créditos nacionales e internacionales proyectados para este emprendimiento; condiciones y garantías exigidas a los adjudicatarios; formas de pago previstas en la subasta, canon anual.
- Desde el punto de vista jurídico, qué tipo de sociedades  comerciales pueden participar de la subasta?; ¿Cuáles son los límites de compra de parcelas establecidos  a los inversores extranjeros?;  ¿Cuáles son las restricciones  a la venta o transferencia que tendrán los adjudicatarios de las tierras, como así también qué tipo de  controles se instrumentarán para evitar este tipo de maniobras. 
- Cuáles son los mecanismos previstos para la participación de los Municipios y las Organizaciones Sociales y Comunidades Locales afectados, directa o indirectamente, por el proyecto?, ¿Qué nuevo número de empleos se estima generar con esta iniciativa? ¿Qué número de parcelas está reservada a pequeños y medianos emprendimientos locales?
- Cuáles son las obras de infraestructura de irrigación, eléctricas, viales, etc. que se van a ejecutar con recursos del Estado nacional y provincial, los montos de las mismas y metodología  de recuperación? 
- Cómo se  garantiza la continuidad de los proyectos productivos  y los derechos de  los pequeños productores y talajeros, alrededor de 500 familias, que utilizan parcialmente esas tierras?
- Tienen estos loteos derecho a riego? ¿Cuáles es la totalidad del volumen de agua que se tiene previsto afectar?  ¿Cuál es la fuente de la que dispondrá para surtir de agua a las parcelas de  este nuevo  emprendimiento? ¿Cómo afectará a los actuales regantes y otros usuarios de esa cuenca hídrica, en términos de volúmenes y sustentabilidad, las nuevas demandas de agua para riego que requiere este nuevo desarrollo productivo?  
- Qué participación tiene el gobierno de la provincia de Mendoza en la planificación y futura ejecución de este emprendimiento productivo?
- Cuál es la intervención del Congreso de la Nación teniendo en consideración lo establecido en consideración a lo dispuesto en el inc. 5º, art. 75 de la Constitución Nacional?  

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El día 4 de marzo de 2017 el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, en su discurso en el desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) expresó: “Me gustaría destacar el incipiente trabajo de algunos proyectos que tenemos en marcha, en particular la producción de un proyecto en San Carlos para recuperar tierras con derecho a riego actualmente en poder del Ejército Argentino. Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa y con el propio Presidente porque ahí vemos un potencial para que privados inviertan en viñedos”. 
Este anuncio generó incertidumbre y preocupación en sectores de la comunidad mendocina en general y en las poblaciones del Valle de Uco en particular. El proyecto oficial plantea poner en venta 7216 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino en una zona de excelente calidad de tierras, para explotación de privados. Según trascendidos estas tierras estarían destinadas a la actividad vitivinícola, hortícola y turística. Sin dudas, que el sitio es atractivo para cualquier inversor, sobre todo porque una gran porción (unas 3.500 hectáreas) tiene el agua asegurada.
El anuncio se oficializó con la publicación, en el Boletín Oficial de Decreto 225/2017 publicado en el Boletín Oficial el 3 de abril de 2017 por la  Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Estas tierras están ubicadas en una de las partes más codiciadas del Valle de Uco, en La Remonta de Campo Los Andes y una fracción, como señalábamos, cuenta con irrigación. Una porción de las mismas es hoy utilizada por el Ejército y otra parte, desde hace más de ochenta años, es ocupada por ganaderos y productores locales. Allí, entre otras actividades, el Ejército mantiene el único haras del país donde cría la mula argentina y ocupa unas 800 hectáreas destinado al cultivo de pasturas. 
La medida es preocupante, sobre todo por la escasa información que se ha brindado sobre el proyecto a la comunidad. Han surgido las dudas y las sospechas de que un bien público tan preciado, pueda ser vendido a privados nacionales o extranjeros excluyendo a los pobladores y trabajadores de la zona y perjudicando el interés nativo. Son estos pobladores y trabajadores los más afectados por la noticia oficial quienes aseguran estar sufriendo presiones, maltratos y hasta amenazas de parte de personal del Ejército Argentino, lo que llevó a que en mayo del año 2016 presentáramos un pedido de informe (Expediente 2563-D-2016) y una resolución expresando preocupación (Expediente 2564-D-2016). 
Los arrendatarios sostienen que no han tenido una respuesta concreta para poder regularizar su situación. Pero además la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán también ha destacado a la prensa “la incertidumbre” de algunos de sus socios que llevan muchos años produciendo y generando puestos de trabajo en el lugar. 
Por otro lado, el Intendente del Departamento de San Carlos explicó a la prensa que no conoce la iniciativa, que nadie lo consultó, que se enteró por medio de publicaciones periodísticas y por el anuncio del gobernador en el desayuno de la Coviar, de que la iniciativa podría extenderse a la zona de Yaucha, una gran extensión territorial ubicada en el departamento que gobierna.
El Jefe comunal dijo que envió una nota al Gobernador Cornejo en la que solicitó información sobre la iniciativa y, sobre todo, participación de la Comuna.
Por Radio La Red Mendoza 94.1-. declaró que: "Nos preocupa porque es una zona que además de ser zona productiva y turística tiene litigios a resolver previamente", añadió el Intendente. Y remarcó: "Nosotros queremos que cualquier proyecto sea inclusivo de la comunidad local".
Difonso además enfatizó: "No queremos que pase lo que pasó en la Patagonia, que se vendieron miles de hectáreas a un precio vil y que hayan negocios inmobiliarios alrededor de esto". "Esto tiene un potencial enorme, pero si adoptan el esquema Patagonia estamos fritos", sentenció.
En un artículo http://www.losandes.com.ar/article/dudas-por-la-venta-de-7-mil-has-del-ejercito-en-campo-los-andes de prensa del diario mendocino “Los Andes” se remarca que el gobierno espera recibir por cada hectárea que se venda desde 15.000 a 40.000 dólares que es lo mínimo que cuestan esos terrenos productivos en el mercado. 
El mismo medio publica declaraciones del director de Gestión Patrimonial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es el organismo encargado de instrumentar el proyecto de venta de estas tierras. Allí Ramón García Llorente dijo que: “Estas ventas permitirán incrementar la capacidad productiva del Valle de Uco. Son tierras de alta calidad vitivinícola, que hoy están desaprovechadas”. Sin embargo, no hay información sobre los mecanismos que se utilizarán para dividir estas estas parcelas ni a quienes serán vendidas. 
Los productores locales niegan que las tierras estén desaprovechadas, ya que hace décadas que se produce en una parte de ellas y de ese trabajo se obtienen materias primas y productos que son importantes para las economías regionales. También, los cultivos son estacionales y de rotación constante a favor de un uso racional del suelo y evitando el monocultivo. 
 El funcionario de la AABE adelantó que todavía no se puede hablar de plazos y descartó que tengan pensado alguna 'contemplación' o prioridad para quienes son hoy los que producen en estas tierras. 
El ex Ministro Enrique Vaquié en el Foro de Inversiones, hace unos días, dijo que la intención es dotar a esos terrenos de un sistema de riego financiado por la Provincia y que luego sea devuelto por los propietarios con un crédito. Esto tampoco tiene especificaciones por el momento. 
El anteproyecto daría prioridad a los empresarios mendocinos, luego a las compañías instaladas en la provincia y, por último, a los demás inversores. Ahora bien, estas compañías “instaladas” en la provincia pueden ser, obviamente, empresas extranjeras. 
Los arrendamientos de estas tierras han sido utilizados para el desarrollo de diferentes actividades productivas como viveros, frutales, horticultura, ganadería. Hay arrendatarios que llevan más de 30 años bajo este sistema, e inclusive algunos ya se han jubilado.
Hace años que existe un conflicto entre el Ejército y productores ya que se quería poner fin a este sistema de arriendo. Los productores han intentado renovarlos, pero sin poder regularizar su situación. 
En otra publicación del medio provincial Universidad del 03 de marzo de 2017 http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-impulsa-proyecto-para-vender-o-concesionar-tierras-del-ejercito94 se presenta información sobre una iniciativa del Gobierno de Mendoza, confirmada por el entonces ministro de Economía, Infraestructura y Energía Enrique Vaquié. Allí se explica que Mendoza ha presentado ante el ministerio de Defensa un anteproyecto para dar infraestructura a unas 5000 hectáreas que el Ejército posee en el Valle de Uco, con la intención de venderlas o concesionarlas por 100 años a inversores para implantar vid. 
Vaquié dijo que el objetivo es “rescatar” esas tierras para producción, pero antes dotarlas de infraestructura de riego, utilizando para esto un crédito internacional. La idea es utilizar un crédito internacional para colocar en esos terrenos un sistema de riego y una central hidroeléctrica. Luego, los privados que accedan a las tierras deberán pagar el 60 % de ese crédito.
Durante el Foro de Inversiones que organizó el Consejo Empresario Mendocino (CEM), explicó que, en total, el Ejército posee unas 5000 hectáreas en la zona de la Remonta, en la Precordillera del Valle de Uco, y que la intención es que unas 1000 queden en manos del Ejército y el resto sean licitadas o concesionadas. El Ministro aseguró que las autoridades del Ejército analizan con entusiasmo la iniciativa, teniendo en cuenta que el año pasado se modificó una norma que establecía que todos los fondos obtenidos por la venta de bienes del Ejército se destinaban al fondo común del Estado nacional. En cambio ahora –comentó– la legislación determinó que el Ejército se quedará con el 70% del dinero y que debe utilizarlo para equipamiento.
El ex Ministro comentó que el anteproyecto que presentó la provincia propone que en las ventas o concesiones tengan prioridad los empresarios mendocinos; en segundo lugar, las compañías instaladas en la Provincia –aunque sus dueños no sean locales– y que finalmente exista un cupo abierto para cualquier inversor.
Es  importante reiterar que reside en el lugar una población pacífica, la mayoría dedicada al trabajo rural y que posee cultivos y animales en dichos campos. Entre los pobladores, hay personas que hace 80 años que trabajan allí y que sus familias han alcanzado hasta la quinta generación en la zona. Son lugareños, hijos y nietos de gente que nació y murió en la zona y que cuidan y trabajan esas tierras. ¿Qué pasará con ellos? ¿Contempla el proyecto oficial el futuro de miles de vecinos radicados y trabajadores de estos campos?
Los reclamos de los habitantes en el Valle de Uco se han multiplicado después de los anuncios sobre la venta de tierras. Los lugareños exigen explicaciones en reuniones, asambleas y hasta con cortes de ruta. Vecinos de Campo los Andes cortaron la ruta 92 y la ruta 40  a la altura del río Tunuyán, con la consigna de que su “hogar no se vende”. 
Los argumentos en contra de este proyecto se basan en haber ignorado los planes locales de los Municipios y Comunidades y el desconocer a las familias y producciones históricas de la zona. Otro de los reclamos apunta a que el Gobierno no tuvo en cuenta el trabajo que vienen haciendo las comunas para definir su plan de Ordenamiento Territorial.
Se suma la casi nula posibilidad de que los Pequeños y Medianos Productores puedan participar en caso de que se produzca la venta de estas tierras. 
A todo lo anterior hay que agregar el problema del agua. La Remonta es un sitio de recarga de acuíferos y arroyos que alimentan a las dos subcuencas del río Tunuyán, que riegan a unas 143 mil hectáreas empadronadas desde el departamento de San Carlos hasta La Paz. De allí que los intendentes del Este provincial también hayan manifestado su preocupación.
Alberto Carletti -titular de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Tunuyán- dijo a la prensa que la comunidad y los productores quieren que las tierras queden en manos del Estado y se preserven como patrimonio paisajístico, hídrico e histórico.
El abogado Marcelo Romano, representante de los regantes locales expresó: “Nos preocupa un manejo discrecional del agua superficial y la inequidad. Que los cambios afecten a los pequeños y medianos productores, que llevan décadas haciendo esfuerzos para tecnificar su riego ante la falta de ayuda del Estado”. Indicó también que, según la Constitución, no se pueden sumar nuevos derechos sin realizar un aforo previo de estos afluentes del Tunuyán y sin perjuicio de los derechos definitivos preexistentes.
Hay que señalar también que el sitio también guarda connotaciones históricas muy importantes. Hay documentos que confirman al menos una visita de San Martín, en 1815, a lo que entonces era la estancia Melocotón, cuando evaluaba cruzar la cordillera por el paso Portillo. 
Este conjunto de preocupaciones que inferimos apunta a una mayor concentración de las tierras productivas bajo riego y a un esquema de negocios que facilita la extranjerización de la tierra, obliga a mantener una atención preferencial sobre este proyecto. Esto es particularmente preocupante cuando existen enormes dificultades para familias campesinas y pequeños productores cuyo acceso a tierras irrigadas para la producción y diversificación de alimentos está literalmente vedada. También vemos con preocupación el modesto impacto que este proyecto tiene en la generación de empleo y la casi nula participación de los gobiernos y comunidades locales, directamente afectados por esta iniciativa. 
 Compartimos la necesidad de generar inversiones productivas, pero creemos que estas deben estar acompañadas por un fuerte involucramiento de los actores locales, democratizando las oportunidades de inversión a los Pequeños y Medianos Productores, priorizando el protagonismo del capital nacional y dotando de la mayor transparencia a los procesos y decisiones que se adoptan en el desarrollo del proyecto.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de esta iniciativa.

Guillermo Carmona
Diputado Nacional
Bloque FPV - PJ