No ha sido un golpe blando, lo ocurrido en recientemente en Brasil, es un golpe de Estado.

*Por Guillermo Carmona

No ha sido un golpe blando, lo ocurrido en recientemente en Brasil, es un golpe de Estado. Calificarlo como blando implicaría relativizar la brutal, salvaje y hasta inhumana acción de desgaste político, institucional y personal a la que fue sometida la presidenta Dilma Rousseff. Ha sido un perverso golpe de Estado en cuotas, urdido por el poder judicial, los medios de comunicación hegemónicos, las corporaciones empresariales, las iglesias electrónicas y los partidos políticos, algunos hasta ayer oficialistas.

He seguido por horas la votación y escuchado los increíbles discursos que pretendían justificar lo injustificable. El voto por la mujer, los hijos y los nietos, por el futuro de Brasil, por el Estado y la ciudad de origen y hasta por Dios se repitió hasta el hartazgo entre los golpistas y fue festejado por la marejada de alcahuetes que los vivaban. Poco pudieron decir del "crimen de responsabilidad" que se supone debe fundar el juicio político. Sencillamente no existe. A Dilma se la acusa por supuestas irregularidades administrativas en trasferencias de recursos para el pago de programas sociales imputadas por un Tribunal de Cuentas que es consultivo y depende del Congreso, manejado por los inefables y corruptos golpistas Cunha y Temer. Además se la pretende incriminar por la supuesta omisión de investigar a funcionarios vinculados con el escándalo de Petrobrás. Ni en uno ni en otro caso se ha comprobado intencionalidad criminal por parte de la presidenta, una de las condiciones esenciales para que prospere un proceso de destitución.
 Al no haber causa real para responsabilizar a la presidenta, los diputados golpistas votaron a viva vos y sin disimulo por el cambio de gobierno, arrogándose el carácter de titulares de la voluntad popular que solo puede expresarse mediante el sufragio ciudadano.

Circo, farsa, espectáculo bochornoso, tragicomedia... todo eso se vio en la jornada de hoy en la Câmara dos Deputados do Brasil. Queda claro que nada bueno saldrá de ese ámbito que desacredita a la práctica parlamentaria. Una nota de hoy en el diario El País de España (nótese que la fuente no puede ser sospechada de favoritismo hacia Rousseff) informa que "los diputados brasileños no gozan de una gran reputación. El 60% de los miembros del Congreso tienen causas pendientes con la Justicia, según la ONG Transparencia Brasil". Pero los dichos y formas de la sesión no deben distraernos del trasfondo político y económico que motiva la acción destituyente.
 No se recuerda por estos días que la arremetida contra Dilma se disparó después de que en setiembre de 2013 denunciara la existencia de un programa de espionaje diplomático y económico por parte de Estados Unidos en su país, y acusara que Washington "quebró el derecho internacional" y "violó la soberanía" de su país con esas intercepciones. El programa de espionaje abarcaba los correos electrónicos de la presidenta y de sus asesores y de la empresa petrolera estatal Petrobras Aquel escándalo dio lugar a una serie de medidas adoptadas por su gobierno para aumentar la autonomía política y económica. Luego vino una desgastante campaña electoral en la que la oposición no dió tregua. El accionar golpista ya estaba por entonces en marcha.

Las evidentes similitudes con acciones destituyentes en otros países de la región, los idénticos recursos y argumentos esgrimidos por los golpistas, el alineamiento internacional tras Estados Unidos de los opositores, son algunas de las notas que confirman que se ha tratado y se trata de un plan de desestabilización en la región orquestado contra los gobiernos populares. Esto no quita la necesidad de un análisis crítico de los déficits que el gobierno de Dilma Rousseff tuvo y tiene, especialmente los que implicaron las adopción de medidas de corte neoliberal, quizás implementados con la ingenua creencia de que con esas decisiones se calmaría a las fieras desestabilizadoras. Pero la existencia de flancos internos y debilidades de gestión de ninguna manera pueden justificar el accionar golpista que demuele al Estado de derecho y desnaturaliza a la democracia.

Aún falta el capítulo final del golpe de Estado, la decisión del Senado. Así como es impredecible en qué grado y de qué forma puede agravarse la situación de tensión entre los sectores en pugna y las consecuencias que traerá esa situación, no hay demasiadas dudas de que a esta altura no parece posible que Dilma evite ser destituida.

Lo que más duele e indigna es que desde ya se puede suponer que, como lo estamos comprobando en la Argentina de Macri, los platos rotos los pagarán los pobres, los trabajadores y los sectores medios, muchos de los cuales tal vez hoy, desprevenidos, hayan estado festejando el cambio. Pensar que creíamos en algún lejano tiempo que la alegría era solo brasilera....

*Diputado Nacional Bloque FPV - PJ

Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto