MENDOZA PRIMERO
GUILLERMO CARMONA / LILIANA PAPONET
AVANZA MENDOZA – Lista 502 D

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD

Es un bien público, y como tal debe procurar la efectiva protección de la vida, los derechos y los bienes de las personas, suprimiendo la amenaza de violencia y permitiendo una coexistencia en libertad, con seguridad y paz. Es un presupuesto que garantiza el desarrollo de nuestra comunidad y la realización personal.

La seguridad es una estrategia sistémica y compleja que tiene por principal objetivo mejorar la calidad de vida de la población. Desde hace años, los especialistas repiten hasta el hartazgo que la inseguridad tiene un origen multicausal, y los sucesivos gobiernos sólo han intentado abordar las soluciones con la policía, esto es enfrentar este flagelo con una caja de herramientas incompleta.

Es necesario coordinar con cada uno de los ministerios, con los municipios, y organismos nacionales, todas las políticas y estrategias de prevención de la violencia y el delito que sean necesarias para que mendocinos y mendocinas puedan vivir y desarrollarse con tranquilidad, paz y armonía. Es en este contexto de política transversal, es en el que lograremos alguna efectividad en la lucha contra el flagelo del feminicidio y la violencia intrafamiliar.

Haciendo principal hincapié en la prevención, la seguridad es una acción coordinada que se propone no sólo prevenir y combatir la criminalidad en sus diversas formas, sino también brindar el acceso a un sistema de justicia eficaz. En este aspecto, resulta clave la articulación con el Ministerio Público Fiscal y con el Poder Judicial en general para la estricta aplicación de la legislación punitiva vigente. Jueces y Fiscales deben entender que ellos “son parte del sistema de seguridad”, no están para cuando la seguridad falló.

uando una persona que cometió un delito no es detenida, consagran la impunidad, y pasan a formar parte del sistema de inseguridad, mucho más grave aún es cuando la situación es la inversa.

La complejidad creciente de los delitos, exigen una mayor profesionalidad para dar respuestas acordes a lo que nuestra ciudadanía espera. No es la responsabilidad de un solo ministerio, debe ser el compromiso de todo un gobierno.

EL principal capital que tiene el sistema de seguridad son sus trabajadores: los hombres y mujeres que componen la fuerza policial y penitenciaria debe estar capacitado y preparado para brindar este bien público.

En primer lugar, percibimos que existe una necesidad básica de recomponer los salarios del personal que integra los sistemas de seguridad y penitenciario de la provincia. Deben percibir ingresos y condiciones de trabajo acordes a sus funciones y riesgos. Desde 2014 el presupuesto provincial destinado a seguridad disminuyó desde 9 a 6 puntos. Esto también se refleja en falta de insumos, movilidad y falta de elementos básicos. Por esto planteamos la recomposición de la inversión en seguridad.

También implica incrementar paulatinamente el número de efectivos policiales y penitenciarios. Proponer el ingreso de profesionales que resultan necesarios y de los que hoy carece el sistema de seguridad: médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales que hacen a la labor tanto policial como penitenciaria.

Estudiar modificaciones a la estructura de la Ley 6722 para no entorpecer la carrera policial. Existen zonas grises que la traban y desmotiva al personal más experimentado, que se pierde al optar por el pase a retiro temprano cuando más valiosos y necesarios son.

La formación permanente es una exigencia insoslayable. El IUSP debe ser redefinido y jerarquizado, con carreras por especialidad, que integran el sistema, integrando el rol del Ministerio de Seguridad con el de la UNC y DGE, para formar profesionales a la altura de las exigencias que nuestra sociedad reclama.

Impulsaremos la tan anunciada Policía Judicial. Desde el IUSP, se realizará la formación para que, en un lapso de 2 años, Mendoza tenga los primeros técnicos universitarios formados como investigadores y, en consecuencia, dejaremos de tener policías de prevención avocados tareas investigativas o, lo que es peor aún, a repartir notificaciones judiciales.
Respecto del control general de las policías y del Servicio Penitenciario a cargo de la Inspección General de Seguridad, resulta necesario modificar la constitución del directorio para darle lugar a otras profesiones, no solamente a abogados, para de esta forma dar apertura a la visión de otras ciencias que hacen a la seguridad y mejoren sustancialmente la función de control ciudadano asignado por la Ley N° 6721. Devolveremos la conducción de la IGS a la oposición, estamos convencidos de que los organismos de control no pueden ni deben estar en manos del oficialismo.

La prevención exige la presencia policial en todo el territorio provincial, distribuidas con inteligencia y con gran capacidad de despliegue.

Para ello, es necesario dotarla de los recursos necesarios: móviles, motos, bicicletas, equipos de comunicación, chalecos antibalas. Diseñar un sistema eficaz que permita reponer con la celeridad necesaria los elementos de seguridad para no disminuir la capacidad operativa de la policía.

Es necesario hacer fuerte énfasis en la tecnificación y equipamiento. Centralizando los esfuerzos en la prevención del delito y la lucha contra las bandas delictivas organizadas (narcotráfico, trata de personas, robos, etc.)

Para optimizar los recursos del Estado, es necesario modificar el sistema de cuadrículas en la asignación de recursos ya que la identificación del delito sucede más en un sector específico y no sigue necesariamente la lógica del área geográfica. El delito, no es estático, muta permanentemente en función del entorno, por lo tanto, el patrullaje no es poner más o menos recursos en cuadrículas diseñadas hace años, al planeamiento estratégico, hay que sumarle un equipo de planeamiento táctico que, permanentemente analice y modifique los circuitos de patrullaje.

POLÍTICA DE EDUCACIÓN

La educación es un bien público, un derecho personal y social que debe ser garantizado por el estado en igualdad de condiciones. Es una condición básica para el desarrollo personal, siendo el derecho para ejercer los demás derechos. La educación contribuye decisivamente para lograr una sociedad más justa, integrada y cohesionada. El derecho a la educación es un rol esencial del Estado provincial.

La desigualdad social y la desigualdad educativa se retroalimentan mutuamente. Tendencialmente, los sectores más vulnerables tienen retraso en cuanto al nivel de escolaridad alcanzado y en cuanto a los aprendizajes logrados.

Proponemos consensuar un plan educativo a diez años con los docentes, los sindicatos y los partidos políticos que contemple líneas de acción, metas y financiamiento.  Gobernar recorriendo el territorio, junto a las escuelas y con la participación amplia de los docentes.

Fortalecer los ámbitos institucionales de participación existentes: Consejo General de Educación, Consejos de Supervisores, Consejos de Directores y de Escuela.

Impulsar con todos los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional una NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO.

Reactivar la paritaria nacional y la provincial, incluyendo a lo salarial, la carrera docente, condiciones laborales y previsionales.

Institucionalizar vía paritaria la figura de la experimentación pedagógica para realizar innovaciones didáctica e instituciones.

Cubrir los cargos de conducción de la DGE con profesionales con experiencia docente y formación técnica específica.

Por eso proponemos la recomposición salarial de las y los docentes y la eliminación inmediata del denominado ítem aula.

Con un estado que gestione seriamente, los instrumentos de control que ya existen en el área específica de la DGE (Recursos Humanos): Junta Médica, Salud Laboral, etc.  Y fortaleciendo el compromiso de docentes motivados y no discriminados por medidas salariales coercitivas se logrará iniciar el camino hacia una educación de calidad que es nuestro principal objetivo.

 

POLÍTICA DE SALUD

Concebimos un Sistema de Salud consolidado como red y fortalecido con la articulación de políticas sociales, ambientales y culturales, que permitan mejorar el bienestar individual, familiar y comunitario de manera sustentable, permitiendo así la visualización efectiva del derecho universal a la salud por la ciudadanía para garantizar un pueblo saludable.

El Ministerio de Salud provincial, como rector del Sistema Sanitario Provincial, debe dar respuesta a los problemas emergentes y remergentes con una mirada integradora, mejorando la eficiencia y calidad en los servicios, garantizando la sostenibilidad del sistema, especialmente en términos técnicos, financieros y políticos.

La configuración del financiamiento y la provisión de los servicios de salud en Mendoza nos muestra condiciones de fragmentación, es así que, aun teniendo un amplio desarrollo del sistema sanitario, existe gran heterogeneidad y desigualdad entre los departamentos y hacia el interior de los mismos en los distintos niveles de organización que incluye a los distritos.

El sistema de salud mendocino se caracteriza por un presente de inequidad, disminuir las brechas en salud entre regiones y grupos de población de nuestra provincia es nuestro compromiso con las y los mendocinos y con nuestros principios de justicia social.

Proponemos un gobierno provincial que tenga un rol protagónico, interviniendo decididamente en el diseño de políticas sanitarias integradoras que respondan a agendas elaboradas desde el territorio, con nuestra gente, conteniendo las demandas postergadas en algún punto “naturalizadas” que determinan la vulneración del Derecho a la Salud.

Capital humano y efectores de salud

Los efectores de salud tienen poca presencia en zonas rurales y gran concentración urbana, resultando consecuentemente la concentración del recurso humano en salud en el mismo sentido. Observamos también que la entrada al sistema asistencial no es el primer nivel de atención ya que las consultas ambulatorias se concentran en los hospitales. Existe concentración de los recursos socio sanitarios en torno a los centros de alto desarrollo tecnológico, exceso de especialidades y subespecialidades, no consensuadas, esto genera falta de recursos humanos en atención primaria con potenciales consecuencias de ineficiencias e incrementos del gasto por la demanda inducida, así como también, desigualdad en el acceso y utilización de los servicios de salud.

Para lograr intervenir en los determinantes socio-sanitarios de la salud, debemos  fortalecer la relación intersectorial con participación social, movilizar  recursos y territorializar acciones con los  equipos de los Centros de Salud, respaldados con tecnología apropiada no necesariamente ligada a alta complejidad la que debe concentrarse en los efectores hospitalarios del 3° nivel,  que por lógica territorial y de habilidades del recurso humano, requieren de un importante giro de pacientes para mantener las destrezas pertinentes. Así como también, hablar de tecnología e infraestructura apropiada en un Centro de Atención Primaria implica aspectos edilicios adecuados (estructura y mantenimiento), medios de comunicación esenciales(telefonía, internet) , recurso humano con perfil social y comunitario nucleados en Grupos Básicos de Trabajo(enfermeros, agentes sanitarios, médicos, profesionales no médicos), soporte administrativo que sea amigable a la comunidad al momento del ingreso al sistema sanitario, que genere información epidemiológica  y administrativa que se transforma en vital al momento de planificar políticas sanitarias pertinentes.

Los indicares de salud como por ejemplo la mortalidad infantil muestran inequidad al analizar los valores que se presentan en algunos departamentos que llegan a  duplicar la media provincial. Podemos decir que en relación a los enfermos de cáncer que viven en distritos rurales son los que presentan menor sobrevida que los enfermos que viven en distritos urbanos.

Esta desigualdad e inequidad se ven en todos los indicadores de salud mortalidad general, mortalidad materna y enfermedades según el departamento y distrito donde habitan los mendocinos.

Disminuir estas brechas en salud entre regiones y grupos de población de nuestra provincia es nuestro compromiso con las y los mendocinos y con nuestros principios de justicia social.

Debemos considerar que mediante la implementación de una política activa de recurso humano en salud se está protegiendo el invalorable Capital Humano y abarcando, además de un énfasis en lo laboral, a todos aquellos procesos de educación profesional y técnica.

Es necesaria una reingeniería funcional y estructural de la red sanitaria de Mendoza, teniendo en cuenta criterios territoriales, demográficos y epidemiológicos en el marco de una renovada estrategia de Atención Primaria de la Salud. En este sentido, se propone la organización sanitaria en un continuo desde la comunidad hasta el efector de mayor complejidad con la capacidad resolutiva apropiada en los niveles intermedios de la red sanitaria y la articulación necesaria con actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados en los determinantes de la salud.

Prioridades estratégicas con participación social y decisión política

Revisión y renegociación de los convenios con los casi 60 mil prestadores, círculos profesionales, asociación de clínicas y la industria farmacéutica.

 

POLÍTICA DE HÁBITAT Y VIVIENDA

La política de vivienda y hábitat deben articularse con las de gestión territorial y protección ambiental a partir de una visión integral de las problemáticas y de las estrategias de acción. Es necesario modificar el enfoque tradicional que disocia la acción pública del funcionamiento de los mercados inmobiliarios para garantizar con efectividad la defensa de los derechos y los intereses generales. Hay que abordar de manera integral la complejidad de sus componentes. Esto incluye una multiplicidad de variables a considerar teniendo en cuenta los diversos sectores que demandan la solución del problema habitacional, para lo cual son necesarias respuestas accesibles y ajustadas.

Un nuevo y fortalecido IPV: El nuevo IPV debe articular fuertemente con los municipios para generar un proceso de descentralización en la gestión administrativa y en la ejecución y control de las obras. Al mismo tiempo el nuevo IPV deberá optimizar la articulación con el gobierno nacional, trabajando en conjunto con cooperativas, mutuales, entidades vecinales y empresas en la formulación de proyectos a ser ejecutados en la provincia.

Impulsar una efectiva coordinación entre el plan integral de hábitat y viviendas provincial con el proceso de ordenamiento territorial y de usos de suelo.

Lanzaremos un ambicioso plan que posibilite el acceso a lotes urbanizados y con servicios, en una tarea conjunta entre el gobierno provincial y los municipios.

Implementaremos un programa de créditos hipotecarios subsidiados para la adquisición de primera vivienda y para la refacción de vivienda propia. Así como establecer créditos con tasas diferenciadas para jóvenes inquilinos y mujeres que son jefas de hogar.

Generación de incentivos fiscales para quienes construyan sus viviendas con sistemas ecológicos y sustentables.  Asimismo, pondremos en marcha el sistema de otorgamientos de créditos para trabajadores y trabajadoras del estado y personas con trabajo registrado en el sector privado mediante la tramitación completamente online de los créditos, concretando en Mendoza la experiencia que Guillermo Carmona llevó adelante desde el Instituto de Ayuda Financiera del Ministerio de Defensa, única experiencia en el país de créditos personales e hipotecarios tramitados totalmente de manera remota.

 

POLITICA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Nuestra propuesta se basa en la fuerte reactivación de la potencialidad industrial mendocina. La metalmecánica en los últimos años pasa por un mal momento, pero tiene una gran capacidad de adaptación y de integrar cadenas productivas que generan valor agregado y, sobre todo, trabajo de calidad. La visión federal es fundamental para reducir los desequilibrios entre las regiones de Mendoza.

 

POLITICA AMBIENTAL E HÍDRICA

El desarrollo ambientalmente sustentable de Mendoza es un objetivo fundamental de nuestra propuesta de gobierno. Para lograr este objetivo es fundamental un desarrollo integral de nuestra provincia donde las actividades productivas, en especial las la agrícolas, vitivinícolas, ganaderas e industriales, sean compatibles con el cuidado del ambiente y principalmente del agua.  No creemos en falsas dicotomías ni en debates estériles que confrontan la protección de nuestros recursos naturales con el desarrollo productivo de Mendoza

Somos profundamente conscientes de los efectos perniciosos que produce el Cambio Climático en nuestra región pero también de la enorme responsabilidad que tenemos de impulsar un modelo de desarrollo inclusivo, con creciente agregado de valor, que genere oportunidades laborales especialmente entre los jóvenes y que llegue a cada uno de los rincones de nuestra provincia.

Si queremos ser el polo de desarrollo más importante del oeste argentino, necesitamos de un modelo que apunte a la  preservación, conservación y el uso sustentable de los bienes naturales que sea compatible con un modelo productivo que saque a Mendoza de esta parálisis que sufre la economía provincial. El agua como bebida, como riego, como fuente de energía y como insumos para nuestra industria y nuestros servicios deben estar garantizadas.

En este sentido, nos proponemos una robusta política de protección de nuestros recursos hídricos, ya que el agua se ha transformado en uno de los recursos críticos más escasos y preciados del que disponemos. En este sentido debemos lograr que todos los mendocinos y mendocinas sean conscientes que el derroche de este vital elemento  tiene serias  consecuencias para la sociedad y para las actividades productivas que padecen la  falta de agua y que generan un  impacto negativo en la actividad económica.

En nuestra propuesta el Estado cumplo un rol decisivo, no solo para respetar y hacer respetar la legislación vigente, sino para generar un cambio cultural en toda la población con el objetivo de que cada mendocina y mendocino sea un férreo defensor en la protección de este recurso escaso.

En este sentido estamos convencidos que Mendoza tiene uno de los mejores recursos humanos en esta materia, con suficiente experiencia y capacitación para aportar soluciones innovadoras y tecnología de vanguardia para enfrentar exitosamente al problema de la crisis hídrica. 

Vivimos en una región del país de clima árido, de escasas precipitaciones y de glaciares que están en franco retroceso producto del cambio climático. Este escenario futuro desafía tanto a los gobiernos como a los empresarios y al conjunto de la sociedad. Preservar y optimizar el uso del agua se ha tornado en objetivo vital para el crecimiento futuro de nuestra provincia. En este sentido, no solo hay que respetar la legislación vigente y contar con licencia social para aquellas actividades que así lo requieran, sino que necesitamos un Estado que asuma con toda energía la crisis hídrica a la que se enfrenta la provincia.

Nuestras propuestas y objetivos son:
. Incrementar las inversiones en infraestructura de saneamiento.  Ampliaremos el acceso al agua potable y saneamiento para todas las familias mendocinas construyendo, con recursos propios y nacionales, nuevas plantas potabilizadoras y de tratamiento de líquidos cloacales, como también manteniendo y rehabilitando la infraestructura existente.  Apoyar a los operadores de los servicios de agua potable comunitarios
Modernizar el sistema de riego intensificando aquellos que garanticen el uso eficiente del agua y la consecuente disponibilidad del mismo. El riego por goteo es uno de los sistemas que merecerá nuestra mayor atención.
. Incrementar la impermeabilización y revestimiento de los canales de riego. Este es un aspecto fundamental si queremos evitar, en el proceso de conducción, la filtración y las fugas de este recurso. De esta manera se disminuye el costo de mantenimiento del cauce, se evita la erosión y se mejora la regulación y distribución.
Mejorar el uso industrial del agua. Se exigirá técnicas de reutilización de la misma. La correcta gestión del agua debe llegar a nuestras industrias. Si bien este procedimiento requiere tecnologías innovadoras, Mendoza está en condiciones de desarrollar un oferta de nuevos productos destinados a reutilizar el agua. Tenemos los recursos humano y la creatividad y el conocimiento para producir este tipo de innovaciones.
. Construcción de nuevos diques. El objetivo de alcanzar la eficiencia energética requiere, para un mejor aprovechamiento de este recurso, la construcción de nuevas obras como diques, embalses y represas. Su construcción permitirá una mejor  administración del recurso como en otros casos un aumentos de las áreas bajo riego y la recuperación de zonas desérticas.
. Mejor aprovechamiento de aguas subterráneas. Los  acuíferos de la provincia, que coinciden con sus oasis,  constituyen otra fuente fundamental de agua  a tener presente. La necesidad de mantener balances hídricos actualizados, donde se midan la cantidad, rendimiento y la calidad del agua disponible en nuestras capas freáticas, serán fundamentales para adoptar decisiones que optimicen el uso de este recurso.
. Protección de los glaciares. Aplicación rigurosa de la ley de glaciares. Estos son fundamentales para el funcionamiento óptimo de las cuencas andinas, el abastecimiento a nuestros oasis y como mitigadores del cambio climático. Estas verdaderas reservas estratégicas de agua, que realizan un aporte sustancial a nuestros ríos, deben ser conservados y cuidados, apelando fundamentalmente al aporte que realiza la comunidad científica en esta materia.
.Educación Ambiental. Es necesario profundizar la conciencia ambiental. De allí que proponemos profundizar, especialmente entre los jóvenes, una formación que apunte a comprometerse en la defensa de uno de sus principales derechos: ambiente sano, digno y diverso.
.Planificación Territorial y Usos del Suelo: Plana aplicación de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Es fundamental la aplicación integral de esta legislación ya que la planificación de los usos del suelo en Mendoza está indisolublemente atada a la oferta del recurso hídrico disponible. Solo un adecuada planificación garantizará un aprovechamiento sustentable y un acceso equitativo al agua.

Cambio climático: plantar un millón de árboles en Mendoza

El árbol está firmemente incorporado a la cultura de Mendoza. Los efectos que produce el cambio climático que vemos avanzar sin tomar medidas efectivas de mitigación, exigen acciones decididas. Debemos también cuidar nuestros árboles urbanos que están muy deteriorados por falta de atención y mantenimiento. Proponemos a las y los mendocinos un compromiso social e intergeneracional: Un Millón de árboles para Mendoza, en especial de especies nativas adaptadas a los diversos ambientes, a lo largo y ancho de nuestra provincia en los próximos cuatro años de gobierno. Es un desafío inmenso que implica el involucramiento de toda la sociedad: la plantación de arbolado urbano para hacer las ciudades y los pueblos más verdes, la restauración de las áreas verdes existentes con bosques nativos.

 

POLÍTICA PARA LAS JUVENTUDES

Existen muchas formas de ser joven, con experiencias y vivencias diversas. Es fundamental comprender a las juventudes en relación con la diversidad de contextos por los que transitan y habitan las personas y en función de sus diferentes experiencias.

El Estado debe cumplir un rol fundamental para favorecer la inserción de las y los jóvenes en el mundo adulto. Impulsamos una política específica para las juventudes, centrada en tres ejes fundamentales: empleo verde, garantizar condiciones para el acceso a la educación y la priorización de la salud, en especial la mental.

En Mendoza, la juventud es el sector más marginado del mundo laboral. El acceso a un trabajo digno es una aspiración legítima, la situación actual es de extrema vulnerabilidad y precarización.

Proponemos asociar el enorme compromiso ambiental de las y los jóvenes con una acción decidida para generar empleo digno: el EMPLEO VERDE.

Mendoza es una provincia extensa y desigual. Quienes más los sufren son las y los jóvenes habitan en zonas alejadas, a quienes debemos garantizar la posibilidad de estudiar. El Gobierno Provincial tiene una deuda para con las juventudes a la hora de la educación. Proponemos Boleto Educativo Gratuito en todos los niveles y una modificación integral de la ley Provincial de movilidad para poder establecer una igualdad tarifaria en toda la Provincia.
Mendoza debe abordar prioritariamente el tema de la salud mental preventivamente de manera temprana, para evitar problemáticas que se ensañan con los más jóvenes. Proponemos establecer una política de estado en materia de salud mental, en donde sea primordial el acceso a la misma desde el concepto de Salud Pública.

Empleo Verde son trabajos dignos y sostenibles para nuestras y nuestros jóvenes.  Acceso a la Salud Mental y Boleto Gratuito educativo para nuestras juventudes.