La Ceocracia en debate

Se realizó la Audiencia Pública en Diputados sobre "conflictos de interés" y "puerta giratoria" 

Para avanzar en la discusión sobre Ceocracia, conflictos de interés y "puerta giratoria", se realizó hoy una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación. La misma se dio en el marco del proceso de discusión del proyecto de reforma de la ley de ética pública que impulsa el diputado Guillermo Carmona (FPV - PJ) - junto a otros 11 legisladores del bloque. 

La audiencia fue escenario legislativo para la presentación del trabajo de investigación sobre "Puerta Giratoria en la República Argentina", realizado por el Observatorio de las Élites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, a cargo de las Doctoras Ana Castellani y Paula Canelo. 

La expresión puerta giratoria (revoolving door) fue acuñada en la legislación norteamericana y se utiliza para describir el flujo de personas ocultando altos cargos en el sector público y el privado. La circulación propia de la puerta giratoria puede darse en cualquier dirección, el caso del actual gobierno nacional muestra una cantidad inédita en la historia Argentina de altos directivos del sector privado accediendo a cargos del sector público; pero también funcionarios que al dejar su cargo son contratados en el sector privado para ocupar puestos directivos. Completan el esquema, los casos de aquellos que van ocupando altos cargos en el sector privado y en el sector público alternativamente. 

La legislación internacional comparada muestra que el conflicto de interés es un tema discutido y atendido en muchos países del mundo; entre ellos EEUU, España y Francia; en todos ellos, con distintos matices, existe una regulación respecto del paso de los ejecutivos o CEOS a la función pública y de los funcionarios públicos a la función de ejecutivos de empresas privadas, en resguardo del interés público. El equipo integrado por 18 investigadores y becarios de CONICET y 16 asistentes de investigación, trabajó sobre el análisis y conformación del perfil sociológico del gabinete del gobierno de Mauricio Macri, a partir de tres dimensiones, perfil sociodemográfico y educativo, trayectoria ocupacional, político partidaria y organizacional. Los resultados arrojaron una inédita participación de altos ejecutivos de empresas ocupando cargos de alta responsabilidad en el gabinete nacional, muchos de ellos en las mismas áreas en las que hoy tienen poder de decisión, tal como se da en el Ministerio de Energía, Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete, entre otros, cuya conformación ha sido analizada de manera exhaustiva en el estudio. "No es la primera vez en la historia argentina en la que gerentes o altos directivos de empresas ocupan cargos públicos, llamativamente siempre estuvieron en gobiernos dictatoriales o de reformas estructurales como en los 90'; sin embargo fueron tantos como en la actual gestión, ni ocuparon tantas y tan diversas áreas de la gestión y cargos de tanta responsabilidad y visibilidad", afirmó Ana Castellani, una de las responsables de la investigación. "Esto genera serios riesgos de conflicto de intereses, al esquema de lealtades y permeabilidad que pueden tener para con los actores económicos de los que fueron parte hasta ayer. El caso de energía es claro, hoy ya se tomaron medidas que son reclamos por los cuales el sector energético privado viene haciendo lobby desde hace 30 años, como la libre disponibilidad de crudo a la importación, precio del barril de boca de pozo cercano al internacional, entre otras", enfatizó.

Por su parte, el diputado Carmona realizó un análisis pormenorizado del proyecto de ley presentado recientemente, que propone un periodo de "enfriamiento" de tres años antes que un ejecutivo de empresa pueda ocupar un cargo de funcionario público en la misma área en la que se desempeñaba en la actividad privada; y un periodo de dos años posteriores para que un funcionario público pueda pasar a un cargo ejecutivo en la actividad privada en la misma área sobre la que tomaba decisiones. "Se busca con esto prevenir conflicto de intereses, evitar tráfico de influencias e información reservada, que van en detrimento del interés público", señaló Carmona. El proyecto de reforma de la ley de ética pública, también hace más estrictos los requisitos vinculados a declaraciones juradas, que se extienden a familiares en segundo grado de consanguinidad, incluyen información sobre empresas off shore y requieren información sobre relaciones y actividad profesional, rentada o no, con empresas y ong's vinculadas al área sobre la cual el funcionario tomará decisiones. "Con esto de ninguna manera se prohíbe o proscribe a gente vinculada a una actividad particular a participar de la vida pública como funcionarios; sino que se toman recaudos respecto del tiempo requerido entre una actividad y otra, para prevenir conflictos de intereses, y con esto defender el interés general por sobre el personal o el corporativo", explicó el legislador. Carmona agradeció especialmente la presencia de legisladores de otros bloques en la audiencia, ya que "no es nuestro espíritu hacer de esta una iniciativa sujeta a una fuerza política, ya que se trata de un tema de la democracia y el interés general, que debemos discutir y resolver entre todos".  

Los diputados firmantes del proyecto de ley son Guillermo Carmona, Juan Manuel Pedrini, Julio Solanas, Eduardo Seminara, José Alberto Ciampini, Luis Bardeggia, Jorge Barreto, Analía Rach Quiroga, Carolina Gaillard, Lautaro Gervasoni, Alejandro Abraham, Luis Basterra, Juan Manuel Pereyra, todos del bloque FPV PJ.

- Ningún funcionario público puede haber desempeñado funciones gerenciales de dirección o gestión, tener participación accionaria en el país o en el extranjero, en empresas cuya actividad esté relacionada directamente con las competencias del cargo a desempeñar, por el lapso de tres años anteriores a la posesión del cargo.

- Ningún funcionario público podrá desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con el cargo ejercido por el lapso de tres años posteriores al cese de sus funciones.

- La incompatibilidad es extensible a cónyugues, convivientes y familiares hasta el segundo grado de consanguineidad.

- La declaración jurada patrimonial que se obliga a presentar a los funcionarios públicos serán mucho más estrictas, entre otras cosas, deberán incluir lo invertido en empresas Off Shore, también en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en empresas radicadas en el país o el exterior, aun cuando la legislación extranjera prevea el secreto bancario.

- Se incluye una declaración jurada que deberá contener todas las actividades profesionales o de gestión, dirección, consultoría, asesoramiento o cualquier otro tipo de participación en empresas u organizaciones de la sociedad civil, remuneradas o no, desarrolladas durante los últimos CUATRO (4) años anteriores a la asunción del cargo y las que se mantuvieren o incorporaren durante el ejercicio de la función pública, vinculadas directa o indirectamente a la materia del cargo público que se ejerce.

- Se presenta de manera simultánea una iniciativa legislativa complementaria a este proyecto, para crear una comisión bicameral que controle el accionar de la Oficina Anticorrupción. El actual órgano de control de la ley de ética pública, hoy en manos de Laura Alonso, muestra como principal debilidad que es el mismo poder ejecutivo quien elige a su responsable, quien a su vez debe controlarlo. El accionar de Alonso durante estos meses, ante los evidentes casos de conflicto de interés e incompatibilidad en el gabinete del gobierno nacional que deberían ser investigados, muestra a las claras la necesidad de que dicho organismo debe ser observado de cerca y controlado por el Congreso Nacional, para que cumpla cabalmente con sus fines y objetivos.