Legislamos sobre nuestro mar, ejercemos soberanía sobre nuestros recursos naturales

Hay reacciones del gobierno británico y de su ilegal gobierno satélite en Malvinas que resultan incomprensibles. En este caso han expresado su rechazo frente a nuestra iniciativa legislativa, trabajada por más de una año en el Congreso Nacional, que implica el efectivo ejercicio de soberanía sobre el Mar Argentino y el cumplimiento de la normativa internacional en la materia. Estas desacomodadas protestas británicas nos generan orgullo y tranquilidad de conciencia porque desde el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo estamos haciendo lo que hay que hacer: ejercer soberanía sobre lo que le pertenece al pueblo argentino con pleno respeto del derecho internacional.

Hace poco más de una semana, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictaba el  Decreto 1058/2013 que  promulga  la Ley Nº 26.875, de la que somos autores. Por ella se  crea el Área Marina Protegida  Namuncurá – Banco Burdwood , una meseta submarina situada entre las Islas Malvinas y la Isla de los Estados  cuyo valor, en materia científica, pesquera  y de  conservación de la biodiversidad,  exige una grado de protección especial dado  el alto nivel de riesgo ambiental  y depredación  a la que se ve amenazada.

Esta iniciativa, que contó con el voto unánime en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y que recibió además el apoyo  del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de  numerosas instituciones científicas,  académicas y de organizaciones de la sociedad civil,  ha sido  objetada por el  gobierno británico y por  las ilegales autoridades inglesas de Malvinas, en una inaceptable intención de limitar  el ejercicio de un acto de soberanía argentina sobre su mar territorial.

Es llamativo, desde el punto de vista político y diplomático, que el rechazo  británico a la inclusión del Banco Burdwood en el área marina protegida, coincida con el llamado que hizo la Presidenta de la Nación ante el pleno del Consejo de Seguridad de la ONU,  donde  volvió a reclamar al Reino Unido que acepte dialogar sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, y donde  instó nuevamente al Reino Unido a respetar la resolución 2065 de la ONU que obliga a los ingleses a sentarse a discutir la soberanía de las islas y espacios marítimos circundantes. Es evidente que se trata de una maniobra que pretende disimular e ignorar la denuncia realizada por la Argentina ante el foro multilateral y persistir en una anacrónica política colonial que encuentra cada vez más dificultades para  ser justificada y sostenida ante la opinión pública mundial.

Desde el punto estrictamente económico, el otorgamiento de licencias ilegítimas de alto valor comercial  por parte de los británicos ha permitido extraer cuantiosos  y valiosos recursos pesqueros del Mar Argentino, lo que ha  atentado contra el equilibrio del ecosistema pesquero e impedido a nuestro país el legítimo aprovechamiento y la adecuada gestión de los recursos  naturales  en esa zona del Atlántico Sur. Y esto es justamente lo que viene a limitar y proteger la ley  26.875 de  Creación Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood.

El objetivo de la ley es  conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la protección y gestión sostenible de la biodiversidad de los fondos marinos; también promover el manejo sostenible, ambiental y económico de los ecosistemas marinos bentónicos de nuestra plataforma a través de un área demostrativa y facilitar la investigación científica orientada a la aplicación del enfoque ecosistémico en la pesca y la mitigación de los efectos del cambio global.

A su vez, como la norma  promueve  la investigación científica, los ensayos de manejo y el monitoreo de las variaciones relacionadas con el cambio climático global  y el uso sustentable de los recursos naturales, se  propone un esquema de zonificación  que distingue un área núcleo, un área de amortiguación y un área de transición.

En este sentido, para el diseño de la propuesta del área protegida se ha utilizado un formato que refleja la tendencia internacional en el sentido de realizar una zonificación que permite compatibilizar la protección estricta de una parte sustantiva de ecosistema bentónico, que la ley denomina "Zona Núcleo", un sector envolvente donde se permitirían acciones relativas a la investigación científica, los ensayos de manejo y el monitoreo de las variaciones en la estructura del ecosistema relacionados con el Cambio Global, que llama "Zona de Amortiguación" y un sector más amplio, que es oportuno hacer coincidir con la Isobata de los 200 metros de profundidad, donde se podrían realizar actividades productivas y extractivas, que llamamos "Zona de Transición".

También hay que señalar que la norma está orientada al cumplimiento  de la meta acordada en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), mediante la cual la República Argentina se  compromete a alcanzar en 2020 la protección del diez por ciento del mar. En la actualidad, alrededor del uno por ciento de la superficie costero-marina se encuentra protegida,  y la creación de esta nueva área marina protegida  eleva  la protección del Mar Argentino a más de un cuatro porciento, ya que suma una  zona de  aproximadamente 34.000 km2 de alta biodiversidad y vulnerabilidad a los cambios ambientales.

También  rechazamos las objeciones británicas  porque el área marítima protegida se encuentra en el ámbito de la Zona Económica Exclusiva Argentina, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 1a) y 1b) ii y iii, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada por ley 24.543. Tenemos en consecuencia el derecho a fijar una política de explotación, investigación, conservación  de los recursos de nuestro mar y  de la plataforma continental argentina.

Es necesario reiterar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no está facultado para explotar los recursos naturales  en un territorio que ocupa por la fuerza, tampoco tiene derecho a  otorgar licencias  o cuotas de captura  en forma indiscriminada, permitir la sobrepesca,  no controlar ni informar adecuadamente sobre las especies y volumen capturado arriesgando irresponsablemente  la sustentabilidad del recurso.

Gran Bretaña sigue tomando decisiones unilaterales que no ayudan a crear un clima adecuado de diálogo y confianza mutua. Por el contrario mantiene y amplía la  zona de exclusión pesquera avanzando sobre la  Antártida;  concurre a la ONU  a presentar los límites de una ilegal  plataforma continental  que se superponen con la de nuestro país; promueve inconsultamente  una gigantesca  reserva ecológica en torno a  las Georgias del Sur y Sándwich del Sur, otorga ilegalmente  licencias de pesca por un término de 25 años entre otras provocaciones, sin contabilizar las militares, hidrocarburíferas, políticas y diplomáticas.

El pueblo y el gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su Zona Económica Exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin.

En este sentido y teniendo en cuenta que las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur forman parte integrante del territorio argentino, manifestamos que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho de jurisdicción marítima ni territorial. Por consiguiente, tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o adoptarse sin su consentimiento.

En consecuencia  rechazamos categóricamente lo expresado por el  ilegal gobierno británico de las Islas Malvinas  que  pretende desconocer la creación,  por ley 26.875,  del  Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood, en un nuevo intento por vulnerar los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.